Llallagua, Caranavi... Bolivia

Mery Vaca, periodista

Las niñas violadas y asesinadas en LLallagua, las niñas violadas y embarazadas por sus propios padres en Caranavi, las niñas ultrajadas en toda Bolivia son nuestras niñas. Por eso nos duele -a quienes nos duele- que sean víctimas de la violencia más cruel y que sus casos sirvan, únicamente, para engrosar las estadísticas de las instituciones dedicadas a esta temática.

Han pasado 16 años desde que los periódicos de La Paz destinaron su portada, por primera vez, a la violación y asesinato de una niña llamada Patricia. El hecho había conmovido a la sociedad y por eso estaba ahí, en primera página, diciéndole al país que algo había que hacer. Los años fueron transcurriendo y las estadísticas se fueron perfeccionando, pero nada más pasó.

En medio de la vorágine informativa de la pasada semana y compitiendo con la fuga y recaptura de Martín Belaunde, con la debacle del Tribunal Supremo Electoral y con mega corrupción en la FIFA, ha aparecido una pequeña noticia en los medios bolivianos sobre una turba que saqueó y quemó instituciones en protesta por la violación y asesinato de dos niñas en la población potosina de Llallagua.

Decir que nada justifica la violencia, que las instituciones deben respetarse y que las leyes deben acatarse es caer en el fácil y hueco discurso de defensa de un estado de derecho que no ha sido capaz de dar respuestas a las madres que perdieron a sus hijas.

La gente de Llallagua se hartó y por eso, enfurecida, destruyó las instalaciones de dos unidades policiales, de la Fiscalía, de la Defensoría de la Niñez y del Servicio Legal de la Alcaldía de ese municipio.

Esto demuestra que la vida de centenares de niñas violadas y asesinadas no ha sido suficiente para movilizar al poderoso estado plurinacional que nos cobija, ni ha merecido mayor atención pese a la bonanza económica que tanto nos enorgullece. Que sean, entonces, las instituciones apedreadas y quemadas las que movilicen a las autoridades. Que la violencia sirva para algo esta vez, al menos esta vez.

El Defensor del Pueblo, Rolando Villena, ha advertido que este tipo de hechos pueden repetirse en  otras ciudades de Bolivia porque la violencia contra las  niñas es de nunca acabar. Solo en los primeros cuatro meses de este año, los medios reportaron 13 asesinatos de niñas, niños y adolescentes, además de 133 denuncias de violencia sexual. En el 99 por ciento de los casos, las víctimas son mujeres. En 2014, se conocieron 73 infanticidios.

Estadísticas otra vez. Ahí acaban los casos de violencia contra las niñas, en los números. Mientras tanto, la podredumbre de la Policía, la Fiscalía y la Justicia se reproduce sin control.

En los últimos días y tras la renuncia de todos los vocales del Tribunal Supremo Electoral, se ha empezado a hablar de la necesidad de un pacto político y social no solo para designar personas idóneas en esos cargos, sino para elaborar una agenda nacional de consenso, que incluya reformas electorales, políticas y judiciales, al estilo de los acuerdo de 1991.

Es de esperar que el partido gobernante no desaproveche esta oportunidad para reformar la Policía, la Fiscalía y la Justicia, esa tríada que siembra terror entre los ciudadanos y que, en vez de combatir el delito, lo promueve y lo alienta.

Esas reformas profundas deben empezar en la cúpula y deben llegar hasta el juzgado de Llallagua, hasta la Fiscalía de Caranavi, hasta la Policía del ayllu más alejado de Bolivia para que las madres se sientan tranquilas y las niñas puedan crecer sin temor a esos monstruos que las acechan a diario en las calles y en su propia casa.